Las niñas fueron asesinadas el 2 de septiembre de 2020 en una operación hecha por integrantes de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas Paraguayas contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
02/09/2021
El crimen de las niñas de nacionalidad argentina Lilian
Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas hace un año en un
operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra el grupo guerrillero
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción de ese
país, sigue sin esclarecerse.
Las niñas, de 11 años, que eran primas y vivían con la abuela en Misiones,
cruzaron a fines de 2019 a Paraguay para reunirse con sus padres por primera
vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a causa de la
pandemia.
Fueron asesinadas el 2 de septiembre de 2020 en una operación hecha
por integrantes de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas paraguayas contra
el EPP.
"Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP en el campamento que
el grupo guerrillero tenía en una zona selvática del norte de Paraguay. Tras un
enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado fueron abatidos",
informó entonces el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, al anunciar la
muerte de las menores.
La familia y organismos de derechos humanos rechazaron desde el principio la versión oficial y denunciaron la destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación.
Dos meses después del ataque, un informe de Human Rights
Watch (HRW) reveló la existencia de "graves irregularidades" y
exigió, al igual que Naciones Unidas, una investigación urgente e imparcial.
La organización denunció la destrucción de "evidencia crucial", algo
que "viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la
investigación penal", según expresaron en diciembre de 2020 Onder
Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria
internacional que forman parte del Grupo de Expertos Forenses Independientes
(IFEG), convocados por HRW.
En tanto, también en diciembre fue denunciada la desaparición de otra niña,
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, "Lichita" de 15 años, prima de
Lilian y María e hija de dos integrantes del EPP.
Una comitiva que llegó a Paraguay el 19 de julio de 2021 para colaborar en la
búsqueda de la niña acusó al Gobierno de Paraguay de poner obstáculos.
Según el grupo, el Gobierno paraguayo le negó a la Misión Humanitaria Argentina
la autorización para buscar por sus propios medios a "Lichita", a
través del ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, quien dijo que
la comitiva no podía ingresar al territorio selvático donde la niña fue vista
por última vez, salvo que lo hagan en compañía del ejército, la institución que
se convirtió en una pesadilla para la familia Villalba.
El Gobierno paraguayo sostiene que las niñas tomaron parte en los
enfrentamientos, responsabilizando de sus muertes al EPP por reclutar en sus
filas a menores de edad.
Según Asunción, varios documentos mostrados el 29 de diciembre pasado
"atestiguan que la guerrilla emplea a menores en sus filas, crecidos y
educados en Argentina y luego devueltos a los campamentos de la guerrilla donde
nacieron", señala el periódico paraguayo ABC.
El comunicado de la Cancillería
Este jueves, la Cancillería argentina lamentó con "profunda
preocupación" que los asesinatos de las niñas aún no estén aclarados.
"La República Argentina lamenta que a la fecha no hayan sido
esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha
manifestado en numerosas oportunidades al Gobierno de la República de Paraguay
su profunda preocupación" ante esta situación, indicó el Palacio
San Martín a través de un comunicado.
El comunicado recuerda que el Gobierno argentino "ha solicitado que, en el
marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se
realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los
responsables y reparar a los familiares de las víctimas".
Argentina pidió a Asunción "que facilite el acceso de miembros del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la
investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que
se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as
familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que
Paraguay se ha negado sistemáticamente", se subraya en el texto.
En tanto, la Pastoral Social de Concepción, la ciudad paraguaya escenario del
asesinato de las niñas, emitió un comunicado en el que critica la actuación del
Gobierno y de las fuerzas militares y policiales paraguayas frente al crimen de
las niñas, así como la de fiscales y forenses "marcada por
increíbles desaciertos que jamás pueden caber en instituciones oficiales".
"En la Pastoral Social Diocesana de Concepción tenemos catalogadas las
numerosas `equivocaciones´ o `falsos positivos´ de la FTC, cuyas víctimas
siempre fueron dirigentes campesinos o ciudadanos inocentes", agrega el
documento de la pastoral.
El grupo también critica a los padres de las niñas por la
"irresponsabilidad de por tener a tiernas niñas en un territorio de
beligerancia". que implica un permanente alto riesgo .
La FTC fue establecida en el 2013 por el entonces presidente paraguayo, Horacio
Cartes, con el objetivo de combatir al grupo armado EPP.
Está integrada por mandos militares, policiales y grupos de elite antidrogas.
En estos años acumularon denuncias de abuso institucional que van desde
amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe "Nos
trajeron miedo", del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Fuente:telam.com.ar
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