El polarizado Perú, frente a un nuevo proceso electoral

La nueva cita electoral, convocada para el 7 de octubre, apenas empieza a ganar presencia en la opinión pública en medio del ruido político derivado de las presidenciales del año pasado. Se elegirán los 24 gobernadores de departamentos, los 195 alcaldes de provincias y los 1.845 alcaldes de distritos.



15/01/2022

Perú, aún herido por los tensos y singularmente polarizados comicios generales del año pasado, volverá a las urnas este año, para elegir a los 24 gobernadores de departamentos, los 195 alcaldes de provincias y los 1.845 alcaldes de distritos.

“Serán unas elecciones distintas (a las generales) porque no habrá disputas ideológicas izquierda-derecha o de visiones de mercado, sino disputas por intereses locales de la mano con una enorme corrupción”, dijo en entrevista con Télam el politólogo Alonso Cárdenas, de la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya.

“Si en los comicios generales se evidencian la improvisación y precariedad de los partidos, en las elecciones regionales –en las que hay gran protagonismo de movimientos locales- la improvisación y precariedad son incluso mayores”, agregó Cárdenas.

La nueva cita electoral, convocada para el 7 de octubre, apenas empieza a ganar presencia en la opinión pública, en medio del ruido político derivado de las presidenciales del año pasado, de las que surgió el Gobierno de izquierda de Pedro Castillo, atacado sin cesar desde el Congreso por tres partidos de derecha y sus eventuales aliados.

La segunda vuelta, que enfrentó a Castillo con la conservadora Keiko Fujimori, a la que venció por menos de 0,2 puntos porcentuales, dejó un país dividido geográfica e ideológicamente: Lima y la costa norte votaron en masa por la derecha, mientras que los departamentos de los Andes lo hicieron por la izquierda y revirtieron el resultado total.

Transcurridos más de seis meses, los dos bloques están lejos de deponer posiciones: lo que busca la derecha, según han hecho explícito sus voceros, es destituir a Castillo mediante la figura de la “vacancia”, algo a lo que, coinciden analistas, ayuda el propio mandatario con “errores no forzados”.



El resultado: una crónica incertidumbre, en la que los expertos no se atreven a asegurar al menos si el Gobierno y el Congreso, elegidos hasta 2026, terminarán 2022 en funciones.

Para Cárdenas, sin embargo, no debe esperarse que en las elecciones regionales se repita el panorama de división por geografía. No necesariamente habrá una costa de derecha y una sierra de izquierda, pues entran en juego otros factores, como el caudillismo, la irrupción de movimientos al margen de los partidos y la confluencia de intereses que incluyen a la corrupción.

La debilidad de los partidos peruanos de cualquier tendencia ha dejado libre el camino a movimientos que, según Cárdenas, son tan precarios que en su gran mayoría no sobreviven siquiera a más de un proceso electoral, pero muchas veces se quedan con gobernaciones y alcaldías.

En medio del desorden político y con “estímulos” como la administración de montos importantes de regalías dejados por las industrias extractivas, esos grupos ven a los departamentos, provincias y distritos como un gran botín.



En diciembre, la Policía capturó al gobernador del departamento selvático de Ucayali, Francisco Pezo, acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal desde su despacho. Había huido al estilo película de acción a través de una salida secreta de su oficina, pero se fracturó una pierna y no pudo llegar lejos.

No es un caso aislado: de los gobernadores elegidos en el actual período o los dos anteriores, 10 están en la cárcel, dos en arresto domiciliario, uno prófugo, cinco con sentencias de prisión suspendida (libres pero bajo reglas de conductas) y 25 enfrentan procesos.

En la lista hay dirigentes de todas las tendencias. Entre los de prisión suspendida, por ejemplo, está el fundador y máximo líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por hechos ocurridos cuando era gobernador de Junín.

Entre los alcaldes las cosas no van mejor. Como botón de muestra, el exalcalde de Lima Luis Castañeda, connotado líder conservador y protagonista de uno de los más casos más emblemáticos de presunta corrupción, murió esta semana sin enfrentar a los tribunales. El proceso estaba suspendido por sus problemas de salud.

También decenas de alcaldes o exalcaldes provinciales o distritales, lo que incluye a la exburgomaestre de Lima Susana Villarán, están presos, en prisión suspendida o en plenos procesos por diversos motivos.



Las postulaciones para este año aún son incipientes. En Lima, principal plaza en disputa, el más activo es el excandidato presidencial ultraconservador Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular (RP) –el mismo del fallecido Castañeda- quien dice sin tapujos que piensa usar el cargo como trampolín hacia la jefatura de Estado.

Pero los partidos socios de RP en la ofensiva contra Castillo, Fuerza Popular y Avanza País, tienen sus propios planes y preparan candidaturas propias. Otros dos postulantes para la presidencia el año pasado, Daniel Urresti y George Forsyth, ambos de centroderecha, también se acercan a la línea de partida por Lima.

En opinión del académico Cárdenas, al margen de que las elecciones regionales puedan ir por un carril distinto al de la convulsión política nacional, sí puede haber situaciones de confluencia. Por ejemplo, señala, es una constante histórica que en estos procesos crezca la movilización popular en torno a la minería, lo que impacta al Gobierno central.

El poblador promedio peruano, del que dicen las encuestas que está harto de su clase política, quedó así inmerso en un nuevo proceso electoral, cuando aún no logra asimilar qué fue realmente lo que ocurrió en el anterior.

Fuente:telam.com.ar

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