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Ataque contra el Congreso: la jueza Capuchetti reclamó quedar a cargo de la investigación

La magistrada le pidió al juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia en favor del juzgado federal 5, con asiento en los tribunales porteños de Comodoro Py.



15/03/2022

La jueza federal María Eugenia Capuchetti requirió a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que se inhiba de seguir interviniendo en las causas vinculadas con los incidentes y el ataque del jueves pasado contra el Congreso de la Nación, cuya investigación sumó en las últimas horas un nuevo detenido.

En su requerimiento, Capuchetti, argumentó que no puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los hechos forman parte de una "hipótesis amplia", vinculada al intento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, informaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, los hechos ocurridos el día en el que Diputados trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se investigaron a través de distintos expedientes: en la causa federal -en la que intervienen Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo- los delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de "daños agravados" e "intimidación pública", hechos distintos a los que pesquisa la Justicia porteña, que tiene a dos personas detenidas e investiga atentados contra la policía local y daños al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa que tramita en el fuero federal de Comodoro Py a cargo de Capuchetti, investiga los incidentes en las inmediaciones del parlamento, que incluyeron el ataque a piedrazos al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, provocando graves destrozos.

Según el último video difundido el lunes por la vicepresidenta en redes sociales el atentado al que definió como "grave y planificado" duró casi 23 minutos durante los cuales no cesaban los piedrazos, sin mediar intervención de la Policía de la Ciudad.

En su mensaje, Cristina Fernández detalló con imágenes en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, la cronología del ataque que -indicó- se inició a las 15.07 cuando se advierte como un reducido grupo de personas tiran bombas de pintura roja contra la ventana del primer piso donde está la oficina de la vicepresidenta, con el presunto propósito de marcar el lugar adonde apuntarían las piedras.

El incesante lanzamiento de piedras sobre las ventanas del despacho ubicado en el primer piso del Congreso, continuó hasta que "a los 20 minutos de iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales", dice el texto que acompaña las imágenes.

En esta causa y a partir del análisis de imágenes de la cámara de seguridad de la Policía Federal que se ubica en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, justo frente a las oficinas privadas de la titular del Senado, ya hay ocho personas identificadas como los presuntos responsables del ataque contra el Congreso, aunque fuentes judiciales adelantaron que se está intentando identificar a otros agresores.

Uno de los detenidos fue apresado anoche en San Isidro, como sospechoso de haber participado en los disturbios frente al Congreso el jueves último, identificado como Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, supuestamente vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).



El otro detenido por la justicia porteña es Oscar Santillán, a quien ya le dictaron prisión preventiva, luego de una audiencia celebrada el lunes a la mañana.

El operativo que derivó en la nueva detención fue pedido por exhorto a la justicia bonaerense por el juez penal y contravencional de faltas porteño, Norberto Circo, quien instruye una causa por "atentando a la autoridad, lesiones y daños contra el patrimonio porteño" a raíz de las agresiones sufridas por policías y los daños a bienes de CABA.

Según fuentes del caso, el detenido habría sido filmado volcando un "container" de residuos en las inmediaciones del Congreso.

Paralelamente, el mismo magistrado dispuso anoche un allanamiento a la sede central del movimiento Teresa Rodríguez en la localidad de Florencio Varela en busca del sospechoso identificado como Guerrero Rodríguez, de 29 años, quien no fue hallado en ese lugar sino en San Isidro.

En el domicilio allanado por la policía de ese partido del norte bonaerense fueron aprehendidas además otras cuatro personas por infracción a la ley de drogas, ya que en el lugar se secuestraron 51 plantas de marihuana.

El juez Circo dispuso el lunes la prisión preventiva del primer apresado, acusado de "haber formado parte de una asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes perpetrados en las inmediaciones del Congreso Nacional".

En tanto, la jueza Capuchetti le pidió al juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia en favor del juzgado federal 5, con asiento en los tribunales porteños de Comodoro Py.

"Se observa del material fílmico revelado que el accionar de las diversas personas investigadas podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, ello con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el artículo 211 del Código Penal, con el claro propósito de afectar la función legislativa mencionada", señalaron fuentes judiciales al explicar el planteo de la jueza federal.

Mas allá de la investigación judicial y la discusión por la competencia de la misma entre la justicia federal y porteña, la discusión por hechos que tuvieron su expresión más grave en el atentado contra el despacho de Cristina Kirchner sumó nuevos cruces, esta vez, entre las autoridades del Senado y el gobierno porteño, que buscó deslindar responsabilidades por las fallas en la seguridad el jueves pasado frente al Congreso.

La Secretaría Administrativa del Senado desmintió que autoridades de la Cámara se hayan comunicado con el Gobierno porteño para solicitar que no se colocaran ese día vallas de seguridad durante el debate del acuerdo con el FMI.

"La Secretaría desmiente categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI", expresa un comunicado difundido esta tarde.

El texto fue en respuesta a los dichos del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien dijo que fue Cristina Fernández de Kirchner quien solicitó que se retiraran las vallas del perímetro del Congreso.

En el texto emitido por la secretaría que conduce María Luz Alonso en el Senado, se agregó que "tampoco existió una comunicación para solicitar que no haya vallas exteriores durante la actividad que está prevista esta semana en el Senado".

"La única comunicación que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo con el entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue el 26 de agosto de 2020, en ocasión del tratamiento en el Senado de un proyecto de reforma del Poder Judicial", afirma el comunicado.

En ese entonces, y de manera puntual, -añade- "se le solicitó a la ciudad que retire las vallas que estaban colocando en ese momento y que tampoco habían sido solicitadas, ya que no estaba prevista una convocatoria masiva. Esta comunicación telefónica tuvo amplia difusión mediática".

"En otras oportunidades, como ocurrió durante el tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que convocó una amplia movilización social, se utilizaron vallas de manera preventiva en el perímetro del edificio", recuerda el comunicado.

El Gobierno porteño anunció que dispondrá un vallado perimetral en torno al Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI en el recinto del Senado -que podría ser el jueves- para facilitar el accionar policial en caso de que se repitan los incidentes ocurridos cuando la ley se trató en la Cámara de Diputados.



El anuncio fue hecho por D´Alessandro, en el marco de la presentación del mapa del delito 2021 por parte del Ejecutivo porteño, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro de Monitoreo Urbano.

"Lo que vamos a hacer es generar un vallado que le permita a la Policía actuar mucho más rápido, protegiéndose ellos mismos y a los que van a reclamar en la plaza", indicó D´Alessandro,

En relación a la investigación en torno al grupo que arrojó piedras contra el despacho de la vicepresidenta, afirmó: "Estamos trabajando con el fiscal general, anoche hubo allanamientos y no solo hubo daños sobre los bienes de la vicepresidenta, sino que casi prenden fuego a un policía arrojando bombas molotov".

"Estamos analizando las cámaras, identificando a los violentos y los vamos a poner a disposición de la Justicia", expresó.

Fuente:telam.com.ar

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