Allanaron una de las empresas que vendió alimentos con sobreprecios a Desarrollo Social
El fiscal a cargo ordenó investigar a Copacabana S.A, una de las
compañías involucradas.
24/04/2020
En medio de la investigación al Ministerio de Desarrollo
Social por la compra irregular de alimentos con sobreprecios, el fiscal Guillermo
Marijuan, quien está al frente del proceso judicial, ordenó una serie
de medidas, entre ellas el allanamiento de una de las empresas
involucradas, Copacabana S.A.
Tras conocerse que la Procuraduría realizó la denuncia penal por la
compra de alimentos para abastecer a comedores en el marco de la pandemia con
sobreprecios en algunos ítems, que no llegó a concretarse luego de que la
información trascendiera en los medios, el ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, manifestó que “es positivo que la fiscalía haya hecho la
denuncia penal porque así va a quedar claro todo”.
“La fiscalía actuó muy rápido, muy bien y toda la información que
requirió, se la facilitamos”, dijo Arroyo en declaraciones formuladas a Radio
La Red.
Dos días atrás, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
(PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó la denuncia penal por
los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y
eventuales negociaciones incompatibles con la función pública.
Daniel Arroyo (Foto: Clarín)
Se pidió que investiguen las compras en las que, se presume, desde el
Ministerio de Desarrollo Social iban a pagar sobreprecios en la
compra de alimentos. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó
en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones
ministeriales.
“Se entiende que nos encontramos ante un caso de presunta
corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las
organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de
funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus
gestores”, dice la presentación, que concluye que hubo una compra dirigida a un
grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de
oferentes”.
Para el fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social “permitió favorecer
a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con
el consecuente perjuicio al erario público”.
Con respecto al sistema de compras de alimentos y otros productos por
parte del Estado, el ministro Arroyo afirmó que “efectivamente va a haber un
cambio” porque, “teniendo claridad en el precio máximo y estando todos los
productores con la posibilidad de venderle al Estado, se garantiza la transparencia para
evitar esto que ha pasado”.
En este sentido, Arroyo precisó que, “ahora, hay un cambio fundamental
que es que el Estado fija precios máximos mayoristas y así se
resolvió el problema del precio porque ahora el Estado para comprar alimentos
solo puedo comprar al valor de precios máximos mayoristas o menos que ese
tope”, concluyó.
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