La publicidad oficial bajo el macrismo: un esquema ilegal para beneficiar a cuatro sociedades anónimas
La PIA detectó contrataciones directas a empresas publicitarias
cercanas al gobierno de Mauricio Macri por casi 300 millones de pesos. La
denuncia penal apunta contra Marcos Peña, Gabriela Michetti y Jorge Grecco por
presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
28/05/2020
La Justicia Federal investiga contrataciones directas a empresas
publicitarias cercanas al gobierno de Mauricio Macri por no menos de 291
millones de pesos durante los últimos cuatro años. La denuncia penal la
presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce
el fiscal Sergio Rodríguez, en base a una investigación preliminar que
estableció como principales responsables de presuntas negociaciones
incompatibles con la función pública al ex jefe de gabinete de ministros
Marcos Peña, al ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco y a la ex
vicepresidenta Gabriela Michetti. La causa quedó en manos del juez federal
Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal federal Jorge Di Lello.
La presentación de Rodríguez apunta a contrataciones efectuadas
sin concurso y que tuvieron como beneficiarias a cuatro sociedades anónimas:
Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República. La investigación
preliminar de la Procuraduría pudo determinar que desde la secretaría a cargo
de Grecco, que dependía de Jefatura de Gabinete, se habría gestado “un
esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el
gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones
públicas”.
Las firmas serían además las mismas que participaron de la campaña
presidencial de Macri en 2015 y que también se encargaron de desarrollar
publicidad oficial en otros distritos gobernados por Cambiemos, como la ciudad
y la provincia de Buenos Aires o el municipio de Vicente López, a cargo de
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jorge Macri, respectivamente.
Para consumar la maniobra sin controles que la cuestionaran, la
Jefatura de Gabinete impulsó la modificación del decreto 984/2009, que otorgaba
exclusividad en el desarrollo de la publicidad oficial a la agencia estatal
Télam --donde luego intentarían despedir a 357 trabajadores, incluyendo a los
del área a la que habían arrebatado su función histórica--. Ese cambio se intentó
legitimar mediante el decreto 978/2016 que firmó la entonces vicepresidenta
Michetti, por esos días a cargo del Ejecutivo, por lo que también podría quedar
imputada.
De acuerdo a la denuncia, para lograr la adjudicación directa de
contrarios millonarios con empresas vinculadas a Cambiemos se usó “un artilugio
legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría
aplicable a los expedientes analizados por la PIA”, según informó el portal
oficial Fiscales. Ello le permitió a Peña adjudicar las contrataciones de modo
directo, es decir sin concurso de precios y sin permitir la competencia con
otras empresas interesadas, que eventualmente hubieran podido ofrecer
presupuestos más beneficiosos para las arcas públicas.
La presentación incluye también un pedido para que se investiguen pagos
realizados por el Estado a las mismas empresas sin la celebración previa de un
contrato, en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
Además de los funcionarios públicos que intervinieron en las
contrataciones, como Peña, Grecco o Michetti, la Procuraduría pidió una serie
de medidas probatorias para dilucidar la responsabilidad penal de los
responsables de las empresas involucradas. Las contrataciones cuestionadas
implicaron la erogación de cuanto menos 291 millones de pesos del erario
público.
Fuente:pagina12.com.ar
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