Un fiscal pidió que se investigue como “un acto de corrupción” la obra del Paseo del Bajo
El fiscal
ante la Cámara Federal, Jorge Agüero Iturbe, pidió que se reabra el expediente
que, sin producir pruebas, había cerrado el juez Claudio Bonadio. Horacio
Rodríguez Larreta y el ex ministro Guillermo Dietrich quedaron en la mira de la
Justicia.
Fuente:pagina12.com.ar
Imagen:
Dafne Gentinetta
04/06/2020
El
jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex ministro de
Transporte Guillermo Dietrich están más cerca de volver a ser investigados por
la cuestionada licitación de las obras del Paseo del Bajo que beneficiaron a la
empresa constructora Iecsa, que perteneció a los Macri y luego a Angelo
Calcaterra. La denuncia original planteaba que la licitación fue direccionada
para favorecer a esa compañía. El fiscal ante la Cámara Federal, Jorge Agüero
Iturbe, pidió en duros términos que se reabra esa expediente y se investiguen
los hechos como “un acto de corrupción”, donde los implicados habían sido
sobreseídos por el fallecido juez Claudio Bonadio en diciembre de 2019. Es el
tercer fiscal que plantea que la causa había sido cerrada sin producir pruebas
elementales. Antes lo habían hecho Alejandra Mángano y el titular de la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que
impulsaban la pesquisa.
La del Paseo
del Bajo es una de las obras más importantes que hizo el macrismo en la Ciudad
de Buenos Aires y con la que Mauricio Macri hacía campaña. “Este pavimento que
estoy tocando no es relato, es real”, había provocado en la inauguración de la
construcción que ahora está en entredicho. Es un corredor vial de 7,1
kilómetros que conecta las autopistas Illila y Buenos Aires-La Plata, con
carriles para distintos tipos de vehículos, que conectan con Puerto Madero y
con la terminal de Retiro. El presupuesto para la construcción fue de 8700
millones de pesos, que solventaba en un 43 por ciento la Ciudad de Buenos Aires
y en un 57 por ciento la Nación.
El dictamen
de Agüero Iturbe --el fiscal que reemplazó a Germán Moldes-- dice que el
sobreseimiento dictado por Bonadio es “una pléyade de consideraciones generales
más propias de un relato de ficción que de una resolución judicial. Pieza
procesal que a pesar de su finalidad deja entrever que, otra vez, los
tramoyistas de la obra pública están presentes. No sabemos quiénes son, no se
adoptó ninguna medida al respecto, pero se advierte ese tufillo de que allí
están”. De todas maneras sí llama a poner la atención sobre la firma
beneficiaria, Iecsa, al recordar que es investigada en otros expedientes sobre
obra pública y sobornos, como el del soterramiento del tren Sarmiento y la de
los cuadernos. “No hace falta mucho esfuerzo señores jueces --señala-- para
darnos cuenta que a la fecha de la presente licitación aquí cuestionada la
firma se encontraba vinculada con Angel Jorge Antonio Calcaterra, nombre
emparentado con el ex primer mandatario”, Mauricio Macri.
La maniobra,
agrega, es “similar a otras que esperan juicio”. La clave, sostiene, no
necesariamente es el perjuicio económico (al que Bonadio había considerado menor)
sino el “mecanismo que importa derivar fondos nacionales para ser ejecutados
por un municipio evitando los sistemas de contralor propios del Estado
nacional” visto en otros expedientes. El fiscal desliza otra observación en
tono crítico al decir que el impulso de las investigaciones por parte del
Ministerio Público Fiscal “no puede sustentarse en la lógica amigo o enemigo,
tampoco circunscribirse a empatías propias de la palestra pública”. Propone que
se profundice la pesquisa para establecer “si realmente nos enfrentamos a un
fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada o si aquí
no ha pasado nada”.
La denuncia
inicial fue de Fernando Míguez, de la Fundación para el Cambio Climático, y
luego se sumó la PIA: sostuvieron que la adjudicación fue direccionada haciendo
cambios en el procedimiento para que el tramo más oneroso, y a un precio mayor
al correspondiente, fuera otorgado a la empresa Iecsa. La denuncia planteaba
que la obra tenía tres tramos: “A”, “B” y “C”. Este último era el más costoso y
preveía un presupuesto de 4480 millones de pesos. Se habrían alterado las
normas del proceso de selección “a través de circulares sin consulta libradas
por funcionarios de AUSA” para permitir “eliminar a otros posibles candidatos a
quedarse con este tramo”, de modo de beneficiar a la unión de empresas entre
Iecsa y Fontana Nicastro SA.
Lo que
hicieron fue cambiar, avisando a último momento, el orden de apertura de los
sobres: si una empresa ganaba un tramo, no podía participar en otro. Entonces
empezaron por el más económico, y se lo dieron a Corsan-Corviam. No fue “una
simple desprolijidad administrativa”, dijo Agüero Iturbe. Otro aspecto de la
investigación se refiere a la inclusión de las obras de infraestructura civil
de la Red de Expresos Regionales junto con las del Paseo del Bajo --aunque era
una obra independiente que debía ser financiada por Transporte-- por 600
millones de pesos, en el tramo “C”, adjudicado a Iecsa. También se agregó la
remoción de un gasoducto, como supuesta interferencia para las obras, para lo
que presupuestaron 73 millones con un nuevo llamado a licitación.
La denuncia
inicial era del 25 de octubre de 2018. Sin demasiadas medidas elaboradas,
Bonadio concluyó el 27 de diciembre de 2019 la “inexistencia de actos irregulares
o ilícitos en los hechos denunciados”. Así sobreseyó a Rodríguez Larreta, a
Dietrich, también al presidente de AUSA, Carlos María Frugoni, a la jefa de
Compras, Natalia Bustos, y al ex ministro de Desarrollo Urbano y Transporte
Franco Moccia. Al respecto, Agüero Iturbe dice: “No puedo dejar de mencionar
que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga
sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar justicia
queda trunca. Queda sí un halo de que la corrupción es connatural a la obra
pública y trasversal a los gobiernos. No importa quién, no podemos quedarnos a
medias con una investigación de esta naturaleza (…) Debemos investigar,
producir prueba y esclarecer aquellas incógnitas que aún están presentes”.
La decisión
sobre la reapertura estará ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal,
que integran Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
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