Causa Indalo: Servini ratificó el entrecruzamiento de llamados entre Macri y otros investigados
La jueza federal rechazó los planteos de nulidad contra esa medida de prueba presentados por las defensas del ex presidente y de Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana y José Torello.
La jueza federal María Servini ratificó el entrecruzamiento de
llamados entre teléfonos del expresidente Mauricio Macri y otros investigados
en una causa por supuestas maniobras ilegales contra el grupo Indalo, al
rechazar planteos de nulidad contra esa medida de prueba presentados por las
defensas.
"La medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios
para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta
necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en
los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos
individualizados", concluyó la magistrada en la resolución a la que
accedió Télam.
La medida de prueba sobre los teléfonos y las comunicaciones fue objetada por
las defensas de Macri y de Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana y José
Torello.
Servini ordenó la prueba el 6 de julio pasado y dispuso un entrecruzamiento de
llamados entre Macri, Rodríguez Simón, Quintana, Torello y los ex titulares de
la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se
comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal
López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas
contra el grupo Indalo.
La medida ordenada, sostuvo Servini, no está entre aquellas que pueden ser
recurridas por las partes y tiene como objetivo determinar además "los
abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su
nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que
involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del
anterior gobierno nacional".
Servini descartó además el argumento usado por las defensas vinculado a una
supuesta violación a la "seguridad nacional".
El primero en pedir la nulidad de la medida de prueba fue Rodríguez Simón, cuya defensa sostuvo que lo ordenado era "innecesario, inadecuado y absolutamente desproporcionado a sus fines, y violentaba el derecho a la intimidad y privacidad".
Al adherir al recurso, el abogado del expresidente Macri, Pablo Lanusse, presentó un escrito en el que sostuvo que la decisión "aplicaba estereotipada y mecánicamente un medio de prueba sin la debida fundamentación, ni el análisis sensible que los derechos y garantías comprometidos exigían, como tampoco la función que ejerció Mauricio Macri durante el período de tiempo del cual quería obtenerse el registro de todas sus actividades telefónicas y su ubicación".
Lanusse aludió a la "indiferencia por las consecuencias que ello podría generar en cuestiones de seguridad nacional y de Estado que todo ello podría comprometer".
Servini ordenó determinar "los registros de comunicaciones con activación de celdas" en el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 y también confeccionar "un detalle de interlocutores comunes y frecuentes, y un entrecruzamiento de llamadas".


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