La justicia orienta hacia Macri la investigación por la mesa judicial bonaerense
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak solicitó el registro de visitas tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos para rastrear si figura el ingreso de alguno de los asistentes a la reunión que muestra el video en el que se habla de armar causas contra los sindicalistas.
17/01/2022
La justicia empezó a orientar hacia el expresidente
Mauricio Macri la investigación sobre el accionar de una mesa judicial
bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal que
buscaba perjudicar a dirigentes sindicales, informaron hoy fuentes judiciales.
Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó a la Secretaría
General de la Presidencia que informe si en el registro de visitas del
2017, tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos, figura el nombre
de Vidal o de alguno de los asistentes a la reunión realizada ese año en la
sede porteña del Banco Provincia, que originó la investigación.
La filmación de ese encuentro, en el que -de acuerdo con los audios- se analizó
cómo armar causas judiciales para perseguir a gremialistas en la provincia de
Buenos Aires, motivó primero una denuncia penal presentada por la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de la interventora Cristina Camaño, y
luego, con el avance de la investigación, la imputación de todos los
asistentes: exfuncionarios de Vidal, de la propia AFI y empresarios
bonaerenses.
Ahora el magistrado quiere saber si alguno de ellos visitó la Casa
Rosada o la Quinta de Olivos entre mayo y el 31 de diciembre del 2017,
detallaron las fuentes, que indicaron que Kreplak dispuso otras medidas
relacionadas con la "persecución" por parte del macrismo a
trabajadores del Astillero Río Santiago.
Los imputados en la causa
En la causa por la mesa judicial bonaerense están imputados Adrián Grassi
(exsubsecretario de justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de
Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de
La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia
de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan
Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.
También, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo
Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión
Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa
Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).
Otros de los imputados son Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).
Todos ellos participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.
La ausencia de Conte Grand
Conte Grand había sido citado para este martes a la subcomisión
bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, pero se excusó de asistir y pidió responder por escrito las
preguntas de ese grupo parlamentario de trabajo, a través de un texto
que remitió al presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo
Moreau.
Según un intercambio de misivas entre ambos al que accedió Télam, Moreau
volvió a convocarlo para el 27 de enero próximo, a las 12.
"Su comparecencia responde a la posibilidad a dar respuesta a
requerimientos de carácter político-institucional que los legisladores de la
subcomisión de investigación parlamentaria convocada con motivo de una denuncia
solicitaron realizarle", le respondió Moreau a Conte Grand.
Para Moreau, la respuesta de Conte Grand de excusarse de
asistir "limita el ejercicio de las facultades parlamentarias propias de
esta Comisión Bicameral previstas por la Ley 25.520; que, de continuar en esa
postura, lesionaría inequívocamente instituciones fundamentales del sistema
federal y republicano que las mismas provincias han decidido establecer".
Por eso, y a fin de "no obstaculizar una investigación en curso en
cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso", el legislador
del Frente de Todos (FdT) volvió a convocar al procurador bonaerense para el 27
de enero a las 12.
El audio de la filmación de la reunión de 2017 reveló que algunos de los
asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración
General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su
autoría los audios en los que menciona el accionar de la "mesa
judicial" macrista y en los cuales se detalla quiénes eran
los funcionarios que la integraban.
Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los
miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados oficialistas
Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio
(JxC) Miguel Ángel Bazze.
Además, según detalló Tailhade en una entrevista con radio Del Plata, Conte
Grand también fue citado por la comisión bicameral para que explique "por
qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de
(Mauricio) Macri".
Tailhade remarcó además que el expresidente entregó teléfonos encriptados
"a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente
nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por
ejemplo, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, el abogado personal de Macri, parte
del equipo de Vidal y la propia exgobernadora".
"No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono
encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino",
advirtió.
Por otra parte, el diputado miembro de la comisión bicameral dijo que "los
23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista" pueden
denunciar ante esa grupo parlamentario "si la AFI participó eventualmente
del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado
con una intervención".
Fuente:telam.com.ar
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