Preocupación entre las grandes compañías por las dificultades que tiene Milei para avanzar en las reformas económicas
El universo empresarial comienza a dudar sobre los alcances de los cambios impulsados y salió a dar un rotundo apoyo al gobierno.
03/02/2024
En medio de las dificultades que encuentra el
gobierno para avanzar en las reformas económicas de fondo, las grandes
compañías se reunieron para discutir su preocupación y decidieron salir a
brindar un rotundo respaldo a la administración de Javier Milei.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que
engloba a las principales compañías, celebró la aprobación en general
en Diputados de la ley ómnibus, aunque persisten las dudas sobre si
los principales artículos de esa mega norma podrán ser aprobados en particular,
según supo Noticias Argentinas.
Los empresarios creen por ejemplo que aplicar una reforma
laboral que permita habilitar la libre contratación por parte de las pequeñas y
medianas empresas -el sector más dinámico a nivel laboral-, sin temer a la
“industria del juicio”, es una herramienta esencial para regularizar un
mercado de trabajo donde existe más gente en negro que en regla.
Sostienen que la mayoría de los monotributistas que
desarrollan tareas son en realidad empleados en negro, porque las compañías
no se animan a blanquearlos por las dificultades que encuentran a la hora de
aplicar un despido, consignaron a NA fuentes de cámaras
empresariales pymes.
"La aprobación en general por parte de la Cámara de
Diputados del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de
los Argentinos, representa un paso muy importante", indicó un comunicado
de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La entidad presidida por Jaime Campos consideró
que "esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que
integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la
incertidumbre".
"Como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema
representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de
nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector
privado", señaló la AEA, donde tallan fuertes grandes holdings como Grupo
Techint, PAE, Arcor, Clarín-Telecom, Aluar, Aceitera General Deheza, Ledesma y
tantos otros.
La denominada "Ley Ómnibus" fue aprobada el
viernes en general en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor y 109 en
contra.
A partir del próximo martes 6 de febrero comenzará
a ser tratada en particular, artículo por artículo.
El de este sábado es el segundo apoyo de la AEA al gobierno
de Javier Milei en poco más de un mes. La anterior había sido a fines de
diciembre pasado.
La única cámara empresarial relevante que integra el
Grupo de los 6 que está alejada de las políticas oficiales es la Cámara de la
Construcción (CAMARCO), muy afectada por la decisión de frenar las obras
públicas.
La entidad que enrola a los constructores alertó que el
país “vive un estado de emergencia económica y social” y dijo que
"esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es
el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de
precios de diciembre y enero últimos, y el consecuente quiebre de la cadena de
pagos”.
CAMARCO alertó que “en todo el país hay peligro de
despidos masivos o la reducción a la mitad o menos de las plantillas de
personal”, y denunció que "la quiebra de un sinnúmero de empresas
constructoras y sus proveedores es inminente”.
“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en
estas condiciones” de paralización de obras, advirtió la entidad.
Por ello, el Consejo Federal de CAMARCO declaró
el “estado de emergencia” en todo el país e instruyó a las autoridades de la
institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las
medidas que estimen necesarias, para obtener, “en brevísimo plazo”, la solución
a problemas concretos como la definición de los contratos que serán
continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales
a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos,
permitan mitigar transitoriamente la situación de “crisis extrema” por la que
atraviesa el sector.
“Se trata de la única alternativa para impedir la
destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”,
indicó el comunicado.
Tras el despido de Guillermo Ferraro del ministerio de
Infraestructura y su posterior absorción por parte del de Economía, conducido
por Luis Caputo, los fondos destinados a la obra pública han
quedado bajo la lupa del Gobierno.
Es que tras tener que retirar el paquete fiscal de la ley
ómnibus, en el Gobierno deberán echar mano de otros recursos: esperan
ahorrar aproximadamente casi 3 puntos del Producto Bruto en gastos relacionados
con subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
Fuente:noticiasargeninas.com
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