Cristina Kirchner pide arresto domiciliario sin tobillera y la fiscalía quiere una detención inmediata
El juez Jorge Gorini otorgó cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py.
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas /PJ
11/06/2025
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner quiere
cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su
hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica,
mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.
En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de
conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual
presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron
al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y
disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111,
donde vive ahora, informaron fuentes judiciales
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco
días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y
entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio
de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento
hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y
Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex
vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para
presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional
en el medio.
Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la
defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años,
además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en
septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el
cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo
bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.
Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es
compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una
persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los
letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta
derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento
absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los
estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución
penal".
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera
electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es
"completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo
electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
Fuente:noticiasargentinas.com
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