Se cumplen 50 años del último golpe a la democracia argentina
Este año se cumple medio siglo desde el comienzo de la dictadura cívico-militar de 1976, recordada por la represión sistemática y el terrorismo de Estado.
24/03/2026
Buenos Aires,
24 marzo (NA) – Este martes 24 de marzo se
cumple el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina iniciado
por las tres fuerzas armadas, comandadas por Jorge Rafael Videla
(Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), luego
de derrocar a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo Estela
Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional dio
inicio a lo que luego, en el Juicio a las Juntas Militares, fue denominado terrorismo
de Estado, donde se instauró un régimen basado en el secuestro,
la tortura y la desaparición forzada de personas con
el funcionamiento de centros clandestinos de detención como la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los lugares más relevantes en este
período.
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Los meses previos al 24 de marzo de 1976
estuvieron marcados por un endeble orden constitucional, una crisis
económica sin precedentes y una escalada de violencia política significativa en
todo el territorio. Por ese motivo, el golpe de Estado llevado a cabo por
Videla, Massera y Agosti fue el final anunciado de la democracia, de acuerdo
con el debilitamiento que mostraba públicamente Martínez de Perón quien, luego
del fallecimiento de su esposo, enfrentó fracturas internas en el
peronismo y una marcada pérdida de autoridad.
Las organizaciones paraestatales como
la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), planificaban y concretaban
asesinatos y secuestros de militantes políticos y sindicales, mientras que grupos
guerrilleros como el ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo) y Montoneros mantenían enfrentamientos
armados con las fuerzas de seguridad.
Contexto previo
En febrero de 1975 se inició el Operativo
Independencia en Tucumán, hecho que marcó el comienzo de la intervención
directa de las Fuerzas Armadas bajo el decreto de "aniquilar
el accionar de los elementos subversivos", lo que justificaba
cualquier acto represivo y sangriento.
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El “Rodrigazo”, como se conoció popularmente, impulsó
a que la CGT iniciara el primer paro general contra un gobierno
peronista.
El escenario era uno de los peores vistos en la historia
argentina: el país enfrentaba un déficit fiscal impensado,
una caída de reservas exhorbitante y un creciente descontento
social que alimentó el clima de inestabilidad previo al golpe.
La complicidad de los sectores perteneciente a la Sociedad
Rural, grupos empresariales, financieros y medios
de prensa solicitaron y apoyaron la intervención militar para
"restablecer el orden”. Debido a ello, las tres fuerzas armadas
coordinaron sus acciones, desde mediados de ese año, para tomar el control
total del país de manera uniforme (a diferencia de los cinco golpes
anteriores).
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Esa “pelea” se dio a través de la la implementación
sistemática del Plan Cóndor, una red de coordinación represiva
transnacional creada en noviembre de 1975 por todas las dictaduras del Cono Sur
para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a
opositores políticos de toda la región.
Fue fundado inicialmente por las inteligencias
militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Chile, para suprimir toda
acción impulsada por agrupaciones políticas de izquierda y a
aquellos “subversivos” exiliados en otros países. Posteriormente se
sumó Brasil y, en menor medida, Perú y Ecuador.
Contó con el respaldo del Poder Ejecutivo de Estados
Unidos, que tenía en la presidencia a Gerald Ford, y también de
sus servicios de inteligencia, como la CIA, para mantener a la
región bajo un dogma neoliberal y cristiano; revirtió reformas
sociales y aplicó planes económicos que beneficiaron puntualmente a sectores
empresariales y financieros.
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Esta agrupación fue la primera en realizar los
reclamos formales por iniciativa de los familiares de las víctimas, y
así reclamar deforma pública y conjunta su aparición. La iniciativa impulsó a
que surgieran otras organizaciones se sumaron con el mismo objetivo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) fue la entidad que recibió las primeras denuncias por
parte de familiares y amigos de desaparecidos; mientras que el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), creado por diversas
iglesias, brindó asistencia para documentar los casos.
La llegada de las Madres
El 30 de abril de 1977 se presentaron por primera vez
las Madres de Plaza de Mayo, quienes rondaban en silencio y a paso
lento la Pirámide de Mayo que se encuentra en el centro de la Plaza; al mismo
tiempo, Abuelas de Plaza de Mayo, quienes inicialmente se
denominaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, se
enfocaron en la búsqueda de niños y niñas nacidos en cautiverio o secuestrados.
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Casi 10 años después del inicio del último golpe militar, el
9 de diciembre de 1985 y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se
dictó la sentencia del juicio a las Juntas Militares que, durante ocho
meses, había logrado reunir a testigos y documentación pertinente para
condenar a los responsables del Proceso de Reorganización Nacional. El fiscal de
la causa fue Julio Strassera, quien estuvo asistido de forma
constante por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
El veredicto determinado por el tribunal compuesto
por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés
D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz fue tomado como ejemplo no
sólo en nuestro país sino en el mundo y sentó precedentes de
tal magnitud como lo habían hecho, décadas antes, los Juicios de
Nüremberg (noviembre de 1945 a octubre de 1946) que condenaron a los
responsables del Holocausto en la Alemania nazi.
Finalmente, se condenó a reclusión perpetua con
destitución a Videla y a Massera; Viola, Orlando Agosti y Armando
Lambruschini recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión,
respectivamente. Por su parte, Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna,
Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya quedaron absueltos.
El tribunal consideró que las distintas Juntas
Militares, que tomaron el poder durante ese periodo, habían planificado
un “sistema represivo ilegal”, con el agravante de "un gran número
de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos
y homicidios".
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Por este motivo, la estimación de los organismos de
derechos humanos, que representa el carácter clandestino de la
desaparición forzada, sostiene aún hoy que "fueron y son 30.000”.__IP__
Los nietos
Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo
recuperó a 140 nietos y nietas, pero aún faltan más de 300 personas víctimas
del plan sistemático de apropiación, dado que se estima que alrededor
de 500 bebés fueron robados y la mayoría aún desconoce su verdadera identidad.
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Fuente:noticiasargentinas.com
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