Bolivia ordenó prisión preventiva para Fernando Cerimedo y amplía la investigación por intento de femicidio y presunto lavado
El consultor político argentino deberá cumplir 180 días de detención en Palmasola mientras avanza la causa por la tentativa de femicidio contra Nadia Beller.
21/08/2026
La Justicia de
Bolivia dictó prisión preventiva por 180 días para el consultor político
argentino Fernando Cerimedo, imputado por la presunta tentativa de
femicidio contra la abogada Nadia Beller.
La medida fue dispuesta tras una extensa audiencia cautelar
en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de
la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del
acusado. Cerimedo fue trasladado esposado al penal de Palmasola,
uno de los complejos carcelarios más grandes del país.
La audiencia, que se extendió por más de seis horas, estuvo
marcada por un fuerte operativo de seguridad. Cerimedo llegó al Palacio de
Justicia con gorra y barbijo, acompañado por custodios policiales, en medio de
una cobertura mediática intensa. La instancia había sido reprogramada luego de
que una de las partes no se presentara en la fecha original.
Durante la exposición, la Fiscalía presentó elementos que
considera clave para sostener el pedido de detención preventiva, entre
ellos mensajes recuperados del teléfono del consultor, registros de
movimientos previos al ataque y testimonios que ubican a Cerimedo en las
inmediaciones del hotel donde Beller fue baleada el 17 de agosto. “Logramos
acreditar los riesgos procesales necesarios”, sostuvo el Ministerio
Público, que argumentó peligro de fuga y posible entorpecimiento de la
investigación.
La defensa de Cerimedo cuestionó la validez de las
comunicaciones extraídas del dispositivo y denunció irregularidades en la
cadena de custodia. Sin embargo, el juez Espada rechazó cuatro planteos
preliminares, entre ellos la supuesta ilegalidad de la detención y la
impugnación de la pericia telefónica. “La información será incorporada
al expediente”, resolvió el magistrado, habilitando su análisis en la etapa
investigativa.
En su declaración, Cerimedo negó haber participado
en el ataque y se declaró inocente. Su defensa insistió en que no
existe evidencia directa que lo vincule con el hecho y que la acusación se basa
en interpretaciones de mensajes y testimonios indirectos. No obstante, la
Fiscalía sostuvo que el conjunto de indicios permite sostener la imputación por
tentativa de feminicidio.
Un dato relevante surgió durante la audiencia: el abogado de
Beller, Jerjes Justiniano, reveló que el Ministerio Público había solicitado
que Cerimedo fuera enviado a Chonchocoro, la cárcel de máxima
seguridad ubicada en La Paz. Finalmente, el juez optó por mantenerlo en
Palmasola, aunque advirtió que la medida podría revisarse si surgen nuevos
elementos.
Mientras la causa avanza, la Fiscalía boliviana
realizó un nuevo allanamiento en un inmueble vinculado a Cerimedo,
el quinto en la zona Sur de La Paz. La investigación apunta a determinar el
origen y destino de grandes sumas de dinero que habrían
circulado en los días previos y posteriores al ataque. Según los
investigadores, Cerimedo habría retirado al menos US$400.000,
mientras que un exteniente prófugo habría escapado con otros US$700.000.
En los procedimientos anteriores, las autoridades
secuestraron dos vehículos, armas de fuego, alrededor de 500.000
bolivianos y dinero en moneda extranjera, además de documentación que
podría vincularse con operaciones financieras irregulares. También se detectó
lo que los investigadores describieron como una “mini granja de bots”,
presuntamente utilizada para campañas digitales y manipulación de redes
sociales.
La causa, que combina elementos de violencia de género,
tentativa de homicidio y presunto lavado de activos, se convirtió en uno de los
expedientes más sensibles del sistema judicial boliviano. La situación de
Cerimedo, conocido por su rol como consultor político en campañas regionales,
generó repercusión en Argentina, donde también se analizan sus vínculos con
estructuras financieras y propiedades en el exterior.
Con la prisión preventiva ya dictada, la Fiscalía tiene 180
días para profundizar la investigación, realizar nuevas pericias y determinar
si solicitará la elevación a juicio. La defensa anticipó que apelará la
medida, mientras que el entorno de Beller pidió que se garantice su
seguridad y la continuidad del proceso sin interferencias.
La causa continúa abierta y se esperan nuevos movimientos
judiciales en los próximos días, especialmente tras los allanamientos y el
análisis de los mensajes recuperados del teléfono del acusado. Agencia NA.
Fuente:noticiasargentinas.com
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