Comienza el debate del proyecto de Malvinas en Diputados y en la oposición hablan de un “caballo de Troya”
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 hs. del próximo miércoles. La voz crítica del diputado de UxP Juan Marino.
26/09/2026
El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía
Nacional, que el Gobierno anunció con bombos y platillos y envió a la Cámara
de Diputados el pasado 17 de septiembre, en un nuevo capítulo de escalada
de la tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene
fecha confirmada de largada este miércoles 30 de septiembre.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación
Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 hs en el marco de un
cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de
los dictámenes.
El oficialismo marcará el pulso del debate ya que controla
la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata
(Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana
Santillán (Relaciones Exteriores).
Desde la oposición hablan de un "caballo de Troya"
y se atrincheran para resistir, ya que advierten que detrás de un título noble
declamativo de Defensa de la Soberanía Nacional y la reivindicación de Malvinas
como parte indisociable del territorio argentino se esconde una serie de
disposiciones para subordinar la política de seguridad nacional al
"plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado
por Donald Trump y Marco Rubio".
"Así mueren las democracias en América. Estamos ante
un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por
Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad
Nacional", sentenció el diputado nacional de Unión por la Patria
Juan Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20
años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de
recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares
circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las
prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier
aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables
y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el
Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí
inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los
delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad
Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el
jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y
Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de
las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de
inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras
críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una
amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y
financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones
o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar
temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves
y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de
agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros
sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y
campañas políticas.
También se incorporarán delitos por revelar secretos a
Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con
operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con
financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos
electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de
desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o
sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa
Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas
externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de
Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento
(RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de
operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su
vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
La resistencia opositora
Para Juan Marino, quien el viernes pasado organizó en la
Cámara baja una audiencia informativa denominada "¿Soberanía o patio
trasero?", se trata de "una extorsión política por Malvinas,
orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo
proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca
votar contra Malvinas".
"Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados
Unidos", afirmó sin medias tintas sobre el proyecto del Gobierno que
caracterizó como un "caballo de Troya".
"El Escudo de las Américas y el Memorándum Presidencial
de Seguridad Nacional N.º 7 de Trump, la Cumbre Ministerial contra el supuesto
'terrorismo político' de Rubio, la Conferencia Anticárteles y la Fuerza de
Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Hegseth, tienen su traducción
en el proyecto de ley en un articulado que los incorpora, pieza por pieza, al
derecho interno argentino", indicó en declaraciones a la Agencia NA.
Sobre el RePET, advirtió que este "registro de
organizaciones y personas denominadas 'terroristas' se eleva a ley, con
inscripción por 'motivos razonables para sospechar' y sin causa
penal".
"Con la sola inscripción se congelan los bienes, sin
orden judicial previa, y el artículo 126 garantiza impunidad a quien los
congele aunque después se demuestre que no correspondía. A eso se suma un nuevo
delito, con penas de 5 a 12 años de prisión, por 'manipular la opinión pública'
con financiamiento extranjero", alertó.
Marino también observó que el proyecto "integra radares
de otros países al sistema nacional, permite instalar radares militares en
cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y habilita la
coordinación con Estados extranjeros sobre nuestro propio
territorio".
"Es decir que no es una ley de defensa de la
soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en
legislación interna", remató el diputado de UxP. Agencia NA
fuente:noticiasargentinas.com
No hay comentarios