El Senado se reactivará para avanzar con la ley de discapacidad aprobada con un amplio consenso en Diputados
La Libertad Avanza quiere sancionar esta iniciativa el 26 de noviembre, antes de la finalización del período ordinario.
03/11/2026
El Senado se
reactivará esta semana para avanzar este miércoles con el proyecto de ley de
discapacidad, que mantiene los principales beneficios establecidos en la
ley de emergencia y que el oficialismo podrá sancionar entre el 19 y el 26 de
noviembre.
La iniciativa se debatirá este miércoles a las 16 en un
plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y
Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la
santacruceña peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia
Bullrich, buscará obtener dictamen del proyecto, que fue aprobado en la
Cámara de Diputados con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición,
para avanzar con su sanción definitiva en la última sesión del período
ordinario.
La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno
pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que
garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con
discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró
sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se había
opuesto a mantener ese esquema y, por ese motivo, incluyó artículos en el
proyecto de Presupuesto 2027 que desataron un fuerte conflicto en la Cámara de
Diputados.
El oficialismo logró superar ese escenario cuando impulsó,
junto con sus aliados, una nueva iniciativa que conservó los principales ejes
de la ley de emergencia.
El texto original del Presupuesto proponía eliminar el
nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores, derogar el
mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad
entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar a un paradigma médico
restringido a la invalidez laboral.
Sin embargo, la eliminación de esos artículos y la garantía
de que se destinarán los recursos necesarios para cumplir con la nueva ley son
algunas de las exigencias de los bloques opositores dialoguistas para acompañar
el Presupuesto 2027.
La iniciativa también contó con promotoras dentro del
oficialismo, especialmente dos diputadas cercanas a Bullrich: Laura Rodríguez
Machado, quien encabezó parte de las negociaciones, y Silvana Giudici, una de
las principales articuladoras de la estructura libertaria.
El proyecto con media sanción de Diputados
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento,
Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”,
replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley
27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta
manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden
público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.
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Sánchez
Entre sus principales puntos, permite mantener la
compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad,
equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo
formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen
los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los
titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica
la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones
según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la
cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para
quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación
presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos
reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que
contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de
Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de
las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó
una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las
compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días
para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Agencia NA
Fuente:noticiasargentinas.com
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