Sergio Massa pedirá el juicio político de tres jueces de la provincia de Buenos Aires que liberaron presos con la excusa del coronavirus
El presidente de la Cámara de Diputados ya se había
manifestado en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el
marco de la pandemia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa
01/05/20
“Estamos viendo que,
en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente
irresponsable”. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había
advertido que los jueces que liberaran presos con la excusa del coronavirus
podían ser sometidos a juicio político si no cumplían con la Ley de la Víctima,
aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la
Cámara baja.
Y Massa no se quedará
solo con la advertencia. Según pudo saber Infobae, el lunes pedirá el juicio
político de tres jueces de la provincia de Buenos Aires que autorizaron la
liberación de detenidos durante los últimos días. Pese a que no trascendieron
los nombres de los magistrados, se trataría de un juez de San Isidro, otro de
Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca.
“A mí me parece que
las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de
reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió,
y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo
de convivencia social que tenemos los argentinos", había señalado Massa en
medio de la polémica por las liberaciones y antes del masivo cacerolazo en todo
el país de este jueves.
Con relación a la posibilidad
de iniciar juicio político, Massa había explicado: “En enero, el Ministerio de
Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de
la Víctima, creada por una ley votada por unanimidad, que establece que el juez
para liberar a un delincuente antes tiene que dar vista e intervención a las
víctimas”.
“Hoy estoy sacando una
instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la
Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le
iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las
excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó.
La controversia en
torno a las excarcelaciones de los detenidos escaló desde del motín ocurrido en
el penal federal de Villa Devoto, donde cientos de presos encabezaron una
protesta para que se les otorgue prisión domiciliaria, a raíz del riesgo
sanitario que implicaría la penetración de la COVID-19 en los pabellones.
El conflicto -que dejó
una mesa de diálogo- desató una polémica nacional, al poner en evidencia la
decisión del Poder Judicial de avanzar en el otorgamiento de excarcelaciones
para los presos que están en prisión preventiva. Un fallo del Tribunal de
Casación Penal de la Provincia, firmado por el juez Víctor Violini, dispuso el
9 de abril pasado ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en
riesgo de contagio por coronavirus”, en respuesta a un habeas corpus colectivo
presentado por 19 defensores generales bonaerenses. La medida fue en favor de
al menos 400 personas de cárceles bonaerenses, donde el hacinamiento en las
prisiones duplica a la capacidad de los establecimientos.
La resolución de
Violini advierte que se haga lugar este tipo de beneficios a quienes estén
detenidos por “delitos leves o en situación de riesgo por edad o por patologías
preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las
unidades penitenciarias". En el caso de los crímenes graves, se instruye
que se debe ponderar el “aislamiento sanitario” en las cárceles para quienes
sean población de riesgo y que se garantice la integridad psicofísica de las
víctimas de los delitos cometidos.
Fuente: Infobae
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