Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente
A través del Decreto 647/2025, el Poder Ejecutivo vetó íntegramente el Proyecto de Ley Nº 27.795.
10/09/2025
El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto
de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la
educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no
docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025,
publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la
iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un
contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes
presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo
Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto
con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado
la norma.
Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:
El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación
Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:
La norma planteaba medidas claras para consolidar el
financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se
resumen los puntos centrales:
- Garantizar
el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la
protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación
universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
- Partidas
presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo
Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26
“Desarrollo de la Educación Superior” para:
- Afianzar
el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
- Garantizar
la formación continua.
- Asegurar
las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar
recursos para tecnología digital.
- Impulsar
la formación y fortalecimiento del personal.
- Ampliar
la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
- Promover
la función de extensión universitaria.
- Desarrollar
la función de investigación.
- Prever
la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
- Impulsar
la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y
extensión.
- Asegurar
y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la
inversión en becas.
- Actualización
por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1
de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las
universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de
diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la
visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo
que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para
administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo
frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la
calidad y accesibilidad de la educación superior.
Fuente:noticiasargentinas.com
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